La ley ampara la grabación de la conversación si un interlocutor la encargó

La grabación de la conversación privada que mantuvieron en un restaurante de Barcelona la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y una exnovia de uno de los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, ha dado lugar a una gran controversia en los últimos días.

 

Muchas son las dudas que han surgido en torno a la legalidad o no de estas actividades, razón por la que es importante aclarar que la grabación de dicha conversación sería legal en el caso de que hubiese sido encargada por una de las dos interlocutoras.

 

Este tipo de grabaciones son legales en el momento en que una de las dos personas que mantienen la conversación contrata la grabación de la misma, ya sea personalmente o a través de terceros, y no sólo que tenga conocimiento. El problema viene cuando ese encargo lo hacen terceros, ya que en ese caso ya no se estaría dentro de la legalidad.

 

En cuanto al uso que se puede hacer del contenido de la conversación, conviene señalar que el propietario de los informes que realice una agencia de detectives es el cliente. Lo que se haga posteriormente con esa información ya no es potestad del detective, aunque en este punto resulta imprescindible recordar que si una agencia de detectives descubre durante una investigación que se ha cometido un delito, la ley la obliga a comunicarlo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en cuanto tiene conocimiento de ello.

 

Las agencias de detectives desarrollan una actividad profesional completamente legal y que casi el 95 por ciento de sus informes finalizan en los juzgados y se admiten como prueba.

 

Fuente: Europa Press

 

La banca recurre cada vez a más detectives para localizar a morosos

La crisis ha desatado una ola de desconfianza en el mundo financiero desconocida hasta la fecha. Mientras que los ahorradores temen invertir en un fondo de inversión fantasma, las empresas evitan vender a clientes insolventes que desaparecen casi sin dejar rastro.

 

Para muchos bancos, entidades de crédito y cajas de ahorro, la solución apunta en una sola dirección: contratar a detectives privados para localizar a morosos y averiguar si una persona posee bienes suficientes con los que hacer frente al pago de una deuda. En tres de cada cuatro casos, los informes demuestran la solvencia del deudor.

La morosidad, que se eleva ya al 11,2% de los créditos concedidos, se erige en el principal problema de la banca. Así, de cada 100 euros prestados, 11 están en demora (con más de tres meses de impagos). Un dato que se agrava si se atiende a los promotores inmobiliarios, en cuyo caso la tasa de morosidad alcanza un preocupante 30%.

 

En la mayoría de los casos, las entidades recurren a los servicios de investigación privada para localizar al deudor, que a veces huye incluso con otra identidad, con el fin de notificarle correctamente el importe total del impago. En algunas ocasiones, el objetivo es también tratar de negociar una refinanciación.

La falta de datos fiables sobre la solvencia de sus clientes es otra de las debilidades de los bancos, que se han visto obligados a invertir ciertas cantidades en investigar a los morosos para detectar casos de gente que puede pagar y no lo hace. La labor del detective en estos casos es la de aportar propiedades para poder embargar los bienes de aquellos que han solicitado un crédito o firmado una hipoteca.

Conocer el tipo de renta de la que se dispone, por tanto, es una de las prioridades que se fijan las entidades financieras, puesto que, al acceder a estos datos, tienen la posibilidad de iniciar un procedimiento legal. Es lo que se conoce como información resolutiva.

La ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, establece que los detectives privados están habilitados para obtener información de personas y, por ende, tratar los datos sin necesidad de obtener el consentimiento del afectado, siempre que no se utilicen para ello "medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal o familiar". De ahí que su labor pase también por verificar el domicilio de los deudores, que no siempre proporcionan datos reales.

Desde el estallido de la crisis, a las portadas de los periódicos no han dejado de aflorar todo tipo de pufos financieros y de delitos empresariales que hasta entonces la bonanza económica parecía haber encubierto.

 

También cada vez con más frecuencia se solicita a los detectives privados información preventiva, es decir, informes de confianza para conocer el comportamiento de pago de una persona o empresa con la que se pretende iniciar una relación comercial.

Defraudar a la compañía de seguros continúa siendo una práctica habitual entre muchos españoles, que tienden a magnificar lesiones de un accidente para obtener una mayor indemnización de la póliza. Este tipo de casos se ha incrementado un 30% en los dos últimos años.

La situación económica ha hecho proliferar las estafas, al punto de que bajas fingidas, duplicidad de empleos, subarrendamientos no autorizados e incluso matriculaciones fraudulentas en colegios centran ahora el trabajo de los detectives, cuyo objetivo es aportar un informe con pruebas para que las empresas tomen medidas.

 

Fuente: malagahoy.es

 

 

Custodias compartidas y bajas laborales, la principal fuente de trabajo de los detectives privados

El reciente escándalo de espionaje a políticos, empresas y personajes famosos en Cataluña ha puesto en duda la legitimidad de las prácticas de las agencias de detectives privados.

 

Sin embargo, la ley es clara. El contratante debe tener un interés legítimo en investigar a la otra persona y, en cuanto al uso de cámaras ocultas y grabaciones, se considera legal registrar conversaciones siempre y cuando se forme parte de la conversación. También está permitido grabar imágenes en lugares públicos, pero no de ámbito privado.

 

Las principales causas de contratación de servicios de investigación privada están relacionadas con aspectos de ámbito familiar y laboral. 

 

Con la crisis y las dificultades económicas generalizadas, muchas personas no pueden permitirse las pensiones a sus exparejas y recurren a la investigación privada, ya que demostrar que la expareja tiene unos ingresos en negro o que vive con su nueva pareja, y que por tanto no tiene los gastos que declaraba antes, podría llevar a la reducción de la pensión compensatoria o incluso a su eliminación.

Desde la implantación de la custodia compartida, gran parte de los casos familiares guardan relación con esta causa, tratando una de las dos partes de desvirtuar a la otra para inclinar a su favor la sentencia. Demostrar que el otro no tiene tiempo para sus hijos y los deja con terceras personas, o que su expareja se emborracha, o se va de fiesta teniendo a los niños a su cargo, son casos bastante comunes.

 

Empresas o compañías de seguros que sospechan de la baja laboral de algún empleado es el otro gran bloque que solicita los servicios de un detective privado. Personas con supuestas lesiones a las que sorprenden yendo al gimnasio o cargando pesadas bolsas de la compra, e individuos bajo supuesto tratamiento con ansiolíticos a las que se localiza bebiendo alcohol, son situaciones también frecuentes.

 

Fuente: Heraldo.es

 

 

Siete mitos en torno a la figura del detective privado

Existen falsos mitos y muchas dudas en torno a la profesión de detective privado. A continuación, analizamos algunos de ellos:
 

1. “Cualquiera puede ser detective”

 

La formación de detective privado está regulada por el Ministerio de Educación. Se imparte en 17 universidades españolas públicas o privadas, con 1800 horas y 3 cursos, tras los cuales se obtiene el equivalente a una diplomatura.

 

Finalizados los estudios, se puede obtener la licencia oficial de detective, expedida por el Ministerio del Interior, para lo que hay que cumplir una serie de condiciones, entre ellas superar pruebas físicas y psíquicas, poseer un diploma específico, no ser funcionario, no tener antecentes penales... entre otras muchas incompatibilidades.

 

2. “Es un sector que no está controlado”

 

Los detectives están regulados por la Ley 23/1992, del 30 de julio de 1992. Además, la policía nacional lleva un registro tanto de todos los detectives que hay en España como de sus actividades, aunque en ningún caso de los clientes o del contenido de las investigaciones.

 

3. “Los detectives pueden investigar a cualquiera y cualquier cosa”

 

Los detectives no pueden investigar acciones que por su naturaleza son perseguibles de oficio.

La responsabilidad de una investigación viene determinada por factores que deben ser analizados en cada caso particular. Sólo están legitimados para realizar una investigación cuando exista causa legítima, pero puede darse el caso de que un cliente engañe al detective, alegando que está legitimado, y en realidad no sea así, siendo en este caso la responsabilidad del cliente.

Por otro lado, un detective debe conocer cuáles son sus límites legales y no sobrepasarlos.

 

4. “Cuando graban conversaciones privadas, incumplen la ley”

 

Sería ilegal sólo si ninguna de las personas afectadas por la grabación ha dado su consentimiento o si las grabaciones son usadas para fines no lícitos (extorsiones, chantajes, difamación...)

 

5. “Cuando trabajan conocen delitos y se callan”

 

Por ley, todo ciudadano está obligado a avisar a las autoridades si presencia un delito y los detectives están especialmente obligados a ello. Como suelen pasar mucho tiempo en la calle haciendo seguimientos o vigilancia, es frecuente que ayuden a la policía en delitos relacionados con el tráfico de droga o las falsificaciones de marcas, poniendo a  disposición de la Justicia la información necesaria.

 

6. “La mayoría de los detectives son ex policías”

 

Al principio muchos policías retirados colaboraban con las agencias de detectives, pero ya no es así. La mayoría está vinculado al mundo del derecho y a las empresas de seguridad.

 

7. “Los detectives investigan sobre todo asuntos sentimentales”

 

La investigaciones por infidelidad han bajado en la medida que ya no constituyen delito y no se presentan como prueba para los  juicios de divorcio. Ahora son las cuestiones laborales y empresariales las demandas más habituales: supuestas bajas fraudulentas, acosos laborales, variación de las condiciones de pensiones alimenticias, etc.

 

Fuente: lainformación.com